Crónica de un secamiento anunciado

Debido al atentado contra la vida hecho por la empresa HidroItuango hacía el rio Cauca y las comunidades que viven aguas abajo y aguas arriba, conversamos con Juan Pablo Soler quién es miembro de la Coordinación Nacional del movimiento Rios Vivos Colombia. este defensor del rio y la vida, nos explica cuales son los antecedentes del secamiento del rio Cauca, los verdaderos responsables de este atentado y cuáles son las alternativas que propone el pueblo ribereño organizado.

 

Cna: ¿Era una tragedia anunciada el secamiento del rio Cauca por HidroItuango?

 

JP: Es producto de lo anunciado años atrás, cuando se dijo la inviabilidad del proyecto. Que expertos de universidades el país, la Antioquia, la Nacional, definieron que se debían contemplar alternativas desde ese momento que se inicia de manera impositiva la construcción y ubicación del proyecto hidroeléctrico. Ha conllevado como un vaso de agua, gota a gota los errores técnicos y el no escuchar a las comunidades que llamaban la atención sobre irregularidades, que dan cuenta que el proyecto tuvo que modificarse más de 23 veces y sufrir sancionatorios más de 6 veces por parte de la Autoridad Ambiental Nacional.

 

En ese sentido, las gotas se fueron acumulando en ese vaso y conllevan a que en abril del año pasado, se taponen los túneles por otras decisiones técnicas erróneas y por el afán de lucro. Epm reconoció en audiencia pública en el Senado de la República, que ofreció 70.000 mil millones al consorcio contratista para que se desafiara a tener la represa funcionando en el 2018, esto ha conllevado a que esos consorcios contratistas llevaran a cabo una serie de irregularidades donde el principal perdedor es el pueblo colombiano.

 

Cna: ¿Explíquenos el tipo de afectaciones que tendrán las comunidades aguas abajo y la naturaleza?, por el bajísimo nivel del agua

 

JP: Implica la reducción del caudal drásticamente muy por debajo de los niveles históricos de verano, ocasionando la muerte de una cantidad innumerable de especies que viven en el rio, esto involucra unos problemas emanados en la salubridad por la descomposición de muchos de estos peces que no logran recuperarse. La imposibilidad de seguirse alimentando, recordemos que las comunidades dependen de la pesca artesanal, se prevé una hambruna por esto y también porque se está cortando la forma de trabajo tradicional relacionada con la pesca y el barequeo que se hacía en esta zona. Esto involucrará un bajonamiento continuo de la calidad de vida. El desabastecimiento de alimentos debido a que hoy la vía de Medellín a la costa está cerrada, esto quiere decir que los camiones de carga y buses que transportan pasajeros deben buscar vías alternas y esto eleva los costos porque son más horas de transporte y los fletes aumentan.

 

Baja la calidad de vida, el desabastecimiento de alimentos y las comunidades del bajo cauca asumen estos costos y vacíos ambientales. Es decir, desde la represa de HidroItuango hasta donde desemboca el rio cauca al mar caribe. Pero también a las comunidades aguas arriba, ya que esta maniobra del embalse para enfrentar su problema técnico llevo su vaciado de la represa La Salvajina en el alto cauca, y esto también ha tenido efectos para las comunidades que viven entre Salvagina e Hidroituango.

 

Cna: ¿Qué responsabilidad tiene la gobernación de Antioquia, EPM, el gobierno nacional por este atentado contra la vida?

 

JP: Recordemos que la represa HidroItuango es un proyecto licenciado para una empresa que se constituyó con el mismo nombre, de la cual la principal accionista es la gobernación de Antioquia con un 52 % y EPM que tiene una inversión superior al 48 % y otros pequeños, pero los responsables son todos. Aquí los que han tomado decisiones son los dueños de la licencia, epm ha tenido muhco que ver en la toma de decisiones, esta empresa le ha mentido al país. recordemos la carta que el gobierno nacional dirigía al consorcio HidroItuango y la gobernación de Antioquia donde les advertía que los dueños y constructores eran la gobernación y epm, aquí el gobierno nacional hacia un llamado de atención, el riesgo podrían ellos solventarlo pero la responsabilidad directa es de estos dos actores.

 

Reconocemos nosotros como afectados que hay una gran responsabilidad en quienes están licenciando este proyecto, no es un asunto solo de la gobernación y epm, la constructora sino del Estado como tal, en cabeza del ministerio del ambiente, quien al final licencia el proyecto. En un procedimiento de licenciamiento irregular, por ejemplo donde se llevaron las audiencias públicas en las cuales no participaron más de 700 personas previa a la aprobación de la licencia y donde se demostró que no hubo una participación comunitaria suficiente ni cualificada. Pues mucha gente que asistió a esta audiencia pública no sabía a que las subían al bus. La responsabilidad es del Estado, del gobierno de turno que nombra los ministros, los ministros son quienes al final firman la licencia, el director o directora de licencias ambientales.

 

Y sobre todo, aquí ha habido una grave omisión, porque la comunidad articulada, organizada frente al proyecto hidroeléctrico ha llamado la atención  de diversas maneras a instituciones como la procuraduría, contraloría, a la misma autoridad ambiental. Se han constituido mesas de trabajo con la gobernación de Antioquia, con la Anla en Bogotá, ambos espacios incurrieron en incumplimiento sistemáticos por no querer dar espacio a la participación ciudadana que hablaba con argumentos.

 

Cna: ¿Cuáles deben ser las alternativas de las víctimas?

 

JP: Nosotros hemos venido proponiendo la construcción de la comisión nacional de represas. HidroItuango es hoy lo que centra los ojos de Colombia y el mundo, pero no olvidemos el secamiento de los ríos Sinú y Sogamoso; el vertimiento de 500.000 metros cúbicos en 2001 por la empresa de bajo Anchicayá en el Valle del Cauca, el desplazamiento y asesinatos en torno a la construcción de la Salvajina en la década de los 80, los asesinatos que sucedieron en la década del 70 en el oriente antioqueño para dar lugar a la construcción de las empresas del oriente.

 

Es una suma de situaciones que muestran la inviabilidad técnica, social, ambiental, económica y cultural de estos proyectos hidroeléctricos impuestos en Colombia. La alternativa es poder generar espacios para tomar verdaderas decisiones fundamentadas en clave de futuro, es decir, estudiar lo que nos ha pasado en esa comisión y sobre eso poder dar recomendaciones de política publica y tomar decisiones sobre nuevos proyectos hidroeléctricos.

 

Aquí no decimos no a las represas, estamos diciendo es que podemos y tenemos alternativas de construir formas de abastecimiento de energía diferentes a las hidroeléctricas. Porque no queremos apagar el país, como muchos nos dicen, lo que queremos es generar alternativas que conversen con nuestros derechos como poblaciones ribereñas, de arrieros, barequeros, barequeras, pesqueros, pescadores artesanales entre otros que somos el rio.

 

 

Secretaría de Comunicación y Formación

 

Coordinador Nacional Agrario