Denuncia pública por la crisis humanitaria en el Catatumbo

ALERTAMOS SOBRE RECRUDECIMIENTO
DE LA CRISIS HUMANITARIA EN EL CATATUMBO

Los procesos sociales y comunales que conforman la Comisión por la Vida, la
Reconciliación y la Paz del Catatumbo y las organizaciones defensoras de derechos
humanos que suscribimos este comunicado, denunciamos la ocurrencia de graves
violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario
por parte de la Fuerza pública, y reiteramos que la alta militarización del territorio como
medida impuesta por el Gobierno Nacional, profundiza el riesgo a la vida de las
comunidades y sus liderazgos sociales, y se alejan cada vez más las promesas de paz para
la región.

Tan solo en la última semana se han registrado distintos hechos donde las comunidades
señalan al Ejército Nacional de violentar los derechos humanos. El pasado 20 de abril,
desde el puesto militar del Ejército Nacional ubicado en la parte alta de la vereda San Luis,
en el municipio de San Calixto, dispararon contra los líderes sociales Olger Pérez de la
Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat, Nicolás López del Comité de Integración
del Catatumbo Cisca y Horacio Ramírez vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de
la vereda La Torcoroma.

Así mismo, el pasado 22 de abril cerca a la base militar ubicada en la vereda Carrizal en el
municipio de Convención, fue asesinado Dimar Torres, integrante del Partido FARC que se
encontraba en proceso de reincorporación a la vida civil. Como agravante, el Ministro de
Defensa justifica el hecho como un forcejeo, que en ningún caso explica los tres impactos
de fuego y la denuncia de las comunidades que sorprendieron a soldados del Ejército
Nacional intentando ocultar el cuerpo y la moto del señor Torres, en una fosa dentro de la
zona custodiada por la Fuerza Pública. Con su pronunciamiento el Ministro intenta una vez
más, deslegitimar las denuncias de las comunidades y minimizar los riesgos evidentes de la
alta militarización del territorio.

El día 23 de abril miembros del Ejército Nacional de la base de La Gabarra retuvieron
ilegalmente a un grupo de campesinos que se disponían a participar de la movilización
nacional. Los militares acompañados de dos hombres de civil, detuvieron los vehículos,
obligaron a bajar a los campesinos, les tomaron fotografías a sus rostros y a sus
documentos de identificación. Sólo pudieron continuar con la intervención de las
organizaciones de Derechos Humanos acompañantes.

Estos hechos se suman a las denuncias de organizaciones defensoras de derechos
humanos nacionales e internacionales que realizaron dos misiones de verificación entre el 1
y 7 de marzo y el 2 y 3 de abril en los municipios de El Carmen (veredas Alto Bobalí, El
Tigre y el Paraíso), Teorama (Veredas Piedras de Moler, La Llana Baja, el Barrio Filito de
Oro, Vereda La Cristalina y El Tarra (Vereda Bracitos), en donde se constató la
implementación de prácticas arbitrarias por parte de la Fuerza Pública, como allanamientos
sin orden judicial, patrullajes con personas encapuchadas, empadronamientos, intimidación
y disparos que consolidan un ambiente de estigmatización generalizada contra la población
civil.

Ante esta preocupante situación, hacemos un llamado al Estado Colombiano en su
conjunto, a centrar todas las miradas en la región del Catatumbo con el fin de proteger a la
población civil y manifestamos nuestra voluntad de acompañamiento y respaldo a las
distintas iniciativas que se han planteado desde la Comisión por la Vida, la Reconciliación y
la Paz del Catatumbo, entre las cuales destacamos las siguientes:

– Misiones conjuntas de verificación humanitaria en el Alto y Bajo Catatumbo a
realizarse en las próximas semanas.

– Visita de la Comisión de Paz del Congreso de la República a la vereda Campo
Alegre, municipio de Convención el sábado 27 de abril.

– Fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, seguimiento y denuncia
frente a violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH que han sido
construidos por las organizaciones sociales y comunales del territorio.

– Ampliación de las denuncias públicas en instancias nacionales e internacionales.
– Encuentro Regional por la Vida y la Paz del Catatumbo como un espacio legítimo de
las comunidades para consolidar propuestas de vida digna en la región.

– Seguimiento al proceso de reincorporación comunitaria de los integrantes de FARC,
así como la verificación de los riesgos que enfrentan en el actual contexto.

Insistimos en la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos y del DIH por
parte de todos los actores armados en la región del Catatumbo. A las instituciones de orden
municipal, departamental y nacional, así como a los organismos internacionales, les
solicitamos:

– Activar las rutas y protocolos de acompañamiento y seguimiento a las denuncias
presentadas.

– Garantizar la vida, honra y seguridad de los habitantes de la región del Catatumbo.

– Al Inspector General de las Fuerzas Militares, investigar el comportamiento de los
militares comprometidos con las violaciones denunciadas por la comunidad y
organizaciones defensoras de DDHH.

– Al Procurador General de la Nación, investigar la conducta de los miembros de la
Fuerza Pública comprometidos con las agresiones a la población civil.

– A la Comisión y Subcomisión Nacional de Garantías de Seguridad y al Consejo
Departamental de Paz garantizar el derecho a la participación social y política de los
líderes sociales y comunales, y promover acciones concretas contra la
estigmatización sobre la población civil y las personas pertenecientes al partido
FARC.

– Acompañar las misiones de verificación humanitaria programadas y reconocer en la
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo un espacio legítimo
de coordinación con las organizaciones sociales y comunales del territorio.

Reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad de la región del Catatumbo y con la
construcción de paz en el país. La salida política y negociada del conflicto armado, el
cumplimiento del Acuerdo firmado con las FARC y un esfuerzo contundente de inversión
social, son las únicas garantías que harían posible una transformación real en las
condiciones de vida de las comunidades de esta región. No descansaremos hasta que el
Catatumbo sea un territorio de paz.

25 de abril de 2019

Firman:

Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo
Asociación MINGA
Centro de Estudios para la Paz – CESPAZ
Equipo Jurídico Pueblos
International Action for Peace – IAP
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia – REDHER
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
Alianza de organizaciones Sociales y Afines
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
Colombia diversa
Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz – PODERPAZ
Fundación del Sur Occidente y Macizo Colombiano – FUNDESUMA
Asociación Víctimas de Crímenes del Estado -ASORVIMM
Centro de Cultura Popular José A. Galán, Capítulo Santander
Corporación Compromiso
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – seccional Antioquia
Corporación Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño
Corporación Jurídica Libertad
Santamaría Fundación
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali -Sintraemcali
Instituto Popular de Capacitación
Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja -Asodesamuba
Corporación para el Desarrollo Regional
Juventud Rebelde – Norte de Santander
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Sumapaz
Fundación Tierra Patria
Asopuertoasis