Han pasado dos años de diálogos y el gobierno no ha cumplido*

 

El viernes 09 de marzo, en la ciudad de Bogotá, se dieron cita las fuerzas sociales de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular que hacen parte de la  Subcomisión minero-energético y ambiental y gobierno nacional encabezado por el Viceministerio de Minas y Energía, para dar vía a los acuerdos de Santander de Quilichao firmados en el 2016, productos de la movilización de la Minga Nacional.

Entre los acuerdos que tiene esta subcomisión, hay tres fundamentales: El Gran Diálogo Minero-Energético y Ambiental (cuyo objetivo es construir desde el campo popular una agenda para negociar la política pública minero-energética nacional y este articulado al punto de participación de la sociedad en la mesa de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y gobierno nacional; el otro acuerdo es la creación de la comisión mixta que revise títulos, concesiones, licencias ambientales, etc., con el fin de encontrar irregularidades y revocarlos; así mismo también se acordó realizar estudios de impacto socio-económico ambiental y cultural en los territorios donde existen proyectos hidro-eléctricos, petroleros y mineros.

Sobre el Gran Diálogo Minero-energético, hay 300 millones de pesos para hacer un primer foro. Se tienen agendados tres encuentros regionales en las ciudades de Barrancabermeja en el mes de abril, seguidamente las ciudades de Villavicencio (como punto de encuentro de la región oriental) y Santander de Quilichao (como epicentro del sur-occidente colombiano). Para los dos últimos no se tienen recursos asegurados por parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta que estos foros hacen parte de la primera fase del Gran Diálogo.

En el caso de la Comisión Mixta, se contratará un grupo de profesionales, por tres meses, para que revisen 7 títulos en los campos de minería, petróleos e hidroeléctricas (pero no hay acuerdo de cuales abordar como comisión). Por otro lado, en el punto de Impactos socio-económicos, ambientales y culturales, se tiene un recurso limitado para contratar los expertos que realizaran este trabajo, sumándose el debate con el gobierno nacional, de contratar o no a profesionales con un perfil social, pues los funcionarios públicos presionan para que no tengan este perfil. En ambos casos, también hay un retraso considerable en el inicio del trabajo.

En resumidas cuentas, apenas se han logrado compromisos presupuestales limitados, para desarrollar esta agenda. Lo que evidencia una estrategia de demorar y no cumplir esta agenda por parte del gobierno Santos en la Mesa Única Nacional, pero la Cumbre Agraria piensa aprovechar políticamente y al máximo los pocos recursos que se ganaron para cumplir los tres acuerdos mencionados y seguir exigiendo al gobierno nacional que cumpla los acuerdos.

Por su parte, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) hace parte de esta subcomisión a través de Teofilo Acuña[1], quien también es vocero en la Comisión de Interlocución Sur del Bolívar, Centro y Sur del César. Quien recuerda la falta de voluntad política del gobierno Santos para cumplir con los compromisos de Santander de Quilichao, ya que recuerda la postura del gobierno de no discutir la política minero-energética colombiana. Sin embargo, en los territorios donde está el CNA, siguen construyendo propuestas serias y dignas para dialogar con todos los sectores sociales la actual política minero-energética, ya que daña la vida a todas las comunidades afectando gravemente los territorios y beneficiando exclusivamente a las multinacionales.

Hay regiones que plantean cero minería, como otros territorios donde existe la pequeña minería, donde sus comunidades afirman que pueden vivir de esta práctica ancestral y cuyas voces merecen un trato diferencial cuando se aborde el cambio de la política pública.

 

 

 

 

*Entrevista a Eduardo León, Vocero Congreso De los Pueblos en la Cumbre Agraria, Étnica y Popular.

[1] Lo invitamos a ver el balance de la reunión de la Subcomisión Minero-Energética y ambiental en https://www.facebook.com/CNAColombia/videos/1640398552708497/