La territorialidad y el cuidado del ambiente en el CNA

27 Septiembre, 2018

Por: Freddy Díaz*
Equipo de Tierras CEDINS

Es importante iniciar señalando que el Coordinador Nacional Agrario CNA, no se opone a la protección de los ecosistemas, ni a la biodiversidad que hay en ellos. A lo que sí se opone es a la manera en cómo se delimitan y se define su manejo, el cual debe hacerse de la mano de las comunidades e inscrito dentro de sus planes de vida. Es clave recordar que el mapa, sobre el cual planean y definen los técnicos, no es el territorio.

Ahora bien, la actual legislación estatal se ha fundamentado en lo que Martínez Alier llama el culto a lo silvestre, que no es otra cosa que la búsqueda de la conservación primitiva no por su valor económico, sino por el ecológico y estético. Bajo esta concepción la delimitación de ecosistemas se usa para excluir a los humanos.

En otra rama del ecologismo, el evangelio de la ecoeficiencia, pone su acento en los impuestos, permisos y mercados de contaminación, comercio de carbono, pago por servicios ambientales y otros mecanismos de mercado-regulado, con la centralidad de generar recursos económicos y apoyar la reactivación del sistema económico explotando territorios y su biodiversidad; El capitalismo verde como forma de acumulación. (Martínez Alier, 2002)

En el Cordinador Nacional Agrario se trabaja desde la concepción de los socioecosistemas, entendiendo que la sociedad es parte de los ecosistemas, no de forma pasiva, todo lo contrario: es una relación de dependencia, es una relación donde la vida misma está en juego. De esta forma es como el enfoque del ecologismo de los pueblos se inserta en las dinámicas de las comunidades al comprender que las bases materiales para sustentar la vida son garantizadas por la naturaleza; pero además, bajo estas reflexiones se busca romper con la idea, puesta por el capital, de la escisión sociedad – naturaleza, y por ende eliminar la consideración de la naturaleza como mercancía.

Lo anteriormente señalado no puede desarrollarse sino es en espacios concretos, espacios donde se puedan proyectar y desarrollar ejercicios de autonomía y autodeterminación de las comunidades. Por esto el CNA tiene como su mayor apuesta político organizativa en los Territorios Campesinos Agroalimentarios, territorios que en razón de sus ejes de trabajo, productivo-ambiental, político-comunitario y socio-cultural, pueden construirse y asentarse en zonas de amortiguación o en cualquier Parque Nacional Natural sin que eso signifique ir en contra de los intereses de conservación que tienen estas categorías de ordenamiento. Los Planes de Vida de las comunidades ponen centralidad en el cuidado y permanencia en el territorio.

En vía de lo anterior, y atendiendo las realidades materiales de las comunidades, el CNA ha venido impulsando la transición productiva hacia una agricultura orgánica y ecológica para disminuir la intensidad y la extensión en los cultivos, buscando de esta manera evitar los impactos ambientales negativos de la actividad, y por otro lado, brindar alimentos de calidad para la sociedad.

El CNA lucha para que los Territorios Campesinos Agroalimentarios sean reconocidos por el Estado como categoría de ordenamiento y de autogobierno, pero esto debe acompañarse de un cambio jurídico de un profundo valor político: el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, lo que significará entre otras cosas, mayor democracia en las zonas rurales y autoridad sobre su territorio, lo que implica también, el reconocimiento como sujeto protector del territorio.

Lo señalado hasta acá son algunos elementos para la construcción territorial que buscan que los Territorios Campesinos Agroalimentarios sean espacios para la edificación de poder popular. En este sentido, es importante tener presente que la construcción territorial es también una confrontación cultural.

Igualmente, hay dos elementos más que deben tenerse en cuenta en relación a cambios jurídicos en el marco de los campesinos en parques naturales y zonas protegidas. El primero es la necesaria redistribución de la tierra, pues como lo mostró el más reciente Censo Nacional Agropecuario, la tierra en el país en su mayoría está siendo utilizada para ganadería extensiva, mucha de la cual es la tierra más productiva con la que cuenta Colombia. Esta concentración ha empujado a los campesinos a colonizar zonas de protección ambiental.

El segundo elemento, es la garantía de condiciones para la permanencia en el territorio por parte del Estado, lo cual quiere decir construcción de centros de salud, escuelas, electrificación local, apoyo tecnológico, productivo, de créditos blandos y demás elementos que permitan a las comunidades tener vida digna en el territorio donde estén asentadas.

Pero, frente a esto último, es necesario señalar que esa responsabilidad no debe asumirla ningún privado a través de la Responsabilidad Social Empresarial, ni bajo ninguna otra figura, pues lo que genera esto es reemplazar al Estado en las regiones del país en perjuicio de las comunidades, bajo el único pretexto de la ganancia y la acumulación.

Teniendo en cuenta las innegables crisis económica y ecológica que se viven en el mundo, el capital transnacional encontró en el capitalismo verde un medio para continuar generando ganancias a través de un discurso de supuestas alternativas como el ya mencionado Pago por Servicios Ambientales, el cual desde su nombre genera escozor, pues utilizar los términos “pago” y “servicios” hace referencia a la mercantilización y financiarización de la naturaleza. El CNA rechaza y confronta estos enfoques y políticas. Esa no es una alternativa para las comunidades, lo sería si no hubiera intermediación del sector financiero, que no fuera un mecanismo que exculpe a las empresas por sus actividades y los efectos negativos y conflictos que estas generan.

La forma en que estos instrumentos podrían ser útiles para las comunidades sería a través de acuerdos de retribución – contribución, teniendo en cuenta la relación que existe entre el cuidado y el aprovechamiento. Cabe resaltar que estas retribuciones no necesariamente deben ser económicos, pueden ir de la mano de las lógicas solidarias y colaborativas que tienen las comunidades rurales.

Finalmente, desde el CNA se considera que la reubicación no es una salida para esta problemática, pues la concepción de territorio que construye a diario el CNA y las organizaciones que lo componen va más allá de la tierra. Por otro lado, no son pocas las experiencias en los que los ejercicios de reubicación se desarrollan bajo condiciones de precarización de la vida y expulsión, convirtiéndose en mayores perjuicios para quienes las aceptan o a quienes se las aplican.

Para cerrar, se planteará una pregunta: ¿por qué se imposibilita a los campesinos permanecer en áreas de protección ambiental, pero si se permite tener títulos mineros, de hidrocarburos y proyectos de agronegocio en estas zonas, y además, con respaldo estatal?

Nunca olvidemos, las soluciones no vendrán de donde viene el problema.

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