Los campesinos y campesinas del Coordinador Nacional Agrario, sobre el acuerdo de Escazú y el proyecto de ley para ratificarlo

Foto tomada en el caño Cuduyari, Vaupés. Por Davo Salamanca (Instagram)

 

El acuerdo de Escazú como tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente; acceder a la justicia para el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe y brindar mayores garantías para los defensores ambientales, es una importante iniciativa a nivel internacional.

Como campesinos y campesinas apoyamos la ratificación del acuerdo ya que daría mayores garantías a las comunidades para acceder a la información de las afectaciones ambientales en los territorios, no solo previamente o antes de la entrega de las licencias ambientales por la Anla o las corporaciones autónomas, sino también permitiría acceder más fácilmente a la información de las afectaciones en los territorios durante las explotaciones. De la misma manera, valoramos como positivo el espíritu del acuerdo que menciona el interés por la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan o podrán afectar la vida, la producción, los territorios y las relaciones sociales.

Sin embargo, manifestamos que mucho de lo escrito en el acuerdo, podrá quedarse en el papel, como ha sucedido con disposiciones constitucionales en materia de derechos, legislación, sentencias o declaraciones de gobernantes de turno en diferentes escenarios de gobierno e instituciones del Estado. La única garantía del cumplimiento de los derechos es la capacidad organizativa y de lucha que tengamos las comunidades para hacer respetar los derechos y conquistar nuevas y mejores condiciones para la vida.

No podemos dejar de lado que en la exposición de motivos que hace el gobierno nacional en el proyecto de ley 057 de 2020, se mencionan como grandes avances algunos instrumentos de participación ciudadana como lo son las consultas populares y las audiencias públicas ambientales. Pero en la realidad, las altas cortes del país han cortado las posibilidades de participación porque tomaron un instrumento como la consulta popular y lo despojaron de toda incidencia real sobre el territorio. En el caso de las audiencias públicas ambientales, donde las comunidades con participaciones muy bien argumentadas y presentadas no terminan teniendo decisión sobre los proyectos o el territorio, se convierten en un saludo a la bandera, incluso, en algunos casos las audiencias ambientales se quieren hacer por medios virtuales convocando a comunidades que no tienen pleno acceso a internet, electricidad o manejo de esas herramientas tecnológicas.

Se nombran también en la exposición de motivos que el Estado colombiano ha avanzado en la puesta en funcionamiento de mecanismos para la protección de los liderazgos sociales y ambientales, como el Plan de acción oportuna, (Decreto 1066 de 2018) que: crea y reglamenta “el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, con el propósito de definir y adoptar medidas de protección integral para las mismas en los territorios, incluyendo a los líderes, lideresas, (…) y defensoras de derechos humanos en los territorios”, dentro de los cuales se entienden incorporados los defensores ambientales. Y el: Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO), programa y plan con enfoque militar, que no han sido eficaces en los territorios, por el contrario,  se ha desencadenado un verdadero genocidio contra los líderes sociales. Pese a la gran militarización en los territorios y a la política de seguridad y defensa del gobierno Duque, -que en realidad defiende solamente  intereses particulares y de los grandes capitales nacionales y extranjeros-  se sigue consolidando y expandiendo nuevamente la estrategia narcoparamilitar de despojo y acaparamiento, a través de masacres, asesinatos selectivos y amenazas. Esto, sumado a la sistemática acción violenta de la fuerza pública frente  a la protesta social, los operativos de erradicación forzada que dejan múltiples muertos y heridos, además del desplazamiento de las comunidades, y la connivencia y complicidad por acción y omisión de miembros de las fuerzas del Estado con grupos armados de corte paramilitar en los territorios, muestra cual es la verdadera política de este gobierno frente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos: una política de agresión, represión, e impunidad.

Cabe recordar que durante el año 2019, se reportaron cerca de 150 homicidios de líderes sociales en Colombia, de los cuales, según algunas investigaciones, 64 líderes/as ambientales[1], la cifra más alta del mundo, muchos de ellos campesinas y campesinas que trabajan por la defensa del territorio.  En 2020 la situación se ha agudizado, especialmente durante las medidas de confinamiento decretadas por el gobierno, que han servido para que los grupos narco paramilitares se consoliden y para que aumenten los asesinatos y agresiones en contra de campesinos y campesinas, pueblos indígenas y Afro. Solo en el primer semestre se registran más de 50 asesinatos de líderes sociales en el territorio nacional y un número aún desconocido de jóvenes, hombres y mujeres que no aparecen en las cifras.

Para dar verdaderos pasos que nos lleven al fortalecimiento de la democracia, la autonomía territorial y el empoderamiento de las comunidades, como campesinos y campesinas del país, agromineros, pequeños y medianos productores y otras comunidades rurales del país el Estado debe:

Reconocer el campesinado como sujeto de derechos, no solo ratificando y adoptando La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, adoptada por la asamblea de las naciones unidas en noviembre de 2018 y que el Estado colombiano se abstuvo de apoyar, sino también expidiendo una ley que modifique y profundice el reconocimiento constitucional del campesinado como clase social, cultura, sujeto político.

Otorgar el derecho de Consulta previa libre, informada y vinculante a las comunidades campesinas y sus organizaciones en cuanto a proyectos petroleros, energéticos, de gran minería, agroindustriales, Tratados de libre comercio, políticas de tierras, megaturísticos y de infraestructura cuando se vean afectados o posiblemente afectados los intereses del campesinado.

Reconocer las figuras de territorialidad campesina, en especial los Territorios campesinos agroalimentarios, sus juntas de gobierno campesino, los planes de vida, las definiciones de ordenamiento territorial y la guardia campesina. Además, el Estado debe reconocer el uso y ocupación y tenencia que las comunidades campesinas históricamente han tenido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los páramos del país. No se puede desplazar al campesinado con le excusa de la conservación.

Finalmente manifestamos que hemos venido constituyendo e impulsando a lo largo y ancho del país, las Guardias campesinas que cumplen un papel pedagógico, de autoprotección de las comunidades, defensa del territorio y del medio ambiente. Es necesario que el Estado reconozca estas formas de organización popular de las comunidades.

Las comunidades campesinas del país estamos dispuestos a continuar la lucha por la vida, la tierra, la soberanía alimentaria y la permanencia en el territorio.

 

Por la defensa y recuperación del campo colombiano, vida digna y soberanía popular.

 

Asociación Nacional Campesina Coordinador Nacional Agrario –CNA-

 

 

[1] Según datos de la ONG británica Global Witness