NO CAMBIENOS VIDA POR PLATA, Y MENOS CUANDO LA PLATA NO VA A SER PARA NOSOTROS

Venimos a esta audiencia a escuchar las bondades de la explotación del carbón para las comunidades,
para su “desarrollo”, pues se nos viene diciendo ya hace 16 años, que la minería es la única salida que
tenemos, que es la única fuente de ingresos que permitirá el crecimiento de la economía, y tal vez
crezca la economía, pero de ninguna manera ello significará que la situación de las comunidades
marginadas, como las nuestras, cambie, pues hay que recordar que Colombia es uno de los países más
desiguales de América Latina, el 1% de la población concentró el 20% de la riqueza generada en 2017.
(Datos del informe Premiar el trabajo no la riqueza, Oxfam, 2018).

Si relacionamos esta situación con la producción de carbón, basta con que miremos nuestros vecinos del
Cesar. Este departamento es el primer productor de carbón en el país desde 2004, con el 48% de la
producción nacional y después de 30 años de explotación minera el Cesar sigue presentado altos índices
de pobreza.

Los municipios donde se desarrolla esta explotación de carbón a cielo abierto son La Jagua de Ibirico, El
Paso, Becerril y Chiriguaná,, sus habitantes presentan altos Índices de Pobreza Multidimensional, 70%, el
primero, 79% el segundo, 70% tercero, 71% el cuarto (Fichas de Caracterización, DNP, 2014).
Mientras las empresas multinacionales dueñas de la producción y la exportación, tales como la
Drumond (de Estados Unidos), y la Glencore (de Suiza), comparten este jugoso negocio con las
compañías de logística, es decir las dueñas del transporte y de los puertos, los comerciantes globales de
carbón y las empresas de energía que en Estados Unidos y Europa consumen el carbón colombiano,
reconocido por su rápida combustión, pero como en otras cadenas productivas, es mezclado con
carbones de todo el mundo antes de llegar al consumidor final.

Nueve de las grandes mineras del país, entre ellas la Drumond y las filiales de Glencore en Colombia,
Prodeco y Cerrejón, alcanzaron para 2017 ingresos operacionales por 23,7 billones de pesos,
aumentando sus utilidades en un 57%. (Tomado de: El Tiempo, 27 de junio de 2018).
La Drumond acaba de recibir una concesión de otros 20 años de explotación en la
mina La Loma, con reservas probadas de 60.5 millones de toneladas de carbón, y
promete para estos tres de los municipios mencionados grandes inversiones
sociales, entre ellas 10 becas anuales para jóvenes.

La prolongada explotación de carbón en el país ha dejado una gran deuda
ecológica y social. Ha destruido tierras de cultivo, ha cambiado el curso de ríos,
los ha contaminado y secado, el aire no se puede respirar, han proliferado las
enfermedades; las poblaciones han sido desplazadas por la fuerza al carecer de
tierras, aguas, aire.
El desarrollo pues lo componen dos sectores, uno que se enriquece hasta quedar ahíto, y otro que se
empobrece sin piedad, que queda rodeado de una naturaleza destruida. A este desarrollo nos
oponemos, de manera radical y categórica, y por eso a esta audiencia venimos a decir que preferimos la
vida y por tanto proponemos:

– Dar salida a los conflictos de carácter ambiental y territorial que enfrenta la región y de manera
particular la frontera, con participación activa de las comunidades indígenas y campesinas, y sus
diferentes expresiones organizativas.

– Promover políticas que contribuyan a la conservación de la naturaleza y con ello a la
disminución del calentamiento global, fundamentadas en la soberanía alimentaria y la
agroecología.

– Abstenerse de implementar megaproyectos en zonas afectadas gravemente por el conflicto
armado, donde fueron desterradas, desplazadas y desaparecidas comunidades, como símbolo
de respeto y compromiso con la reconstrucción de la memoria y la verdad.

– Instamos a la autoridad ambiental a ceñirse a la Sentencia C293-02 de la Corte Constitucional
que consagra el Principio de Precaución: en caso de presentarse una falta de certeza científica
absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe
inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si se adelanta la
actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible
revertir sus consecuencias”.

– Convocamos a las comunidades campesinas a desarrollar una consulta popular frente a la
minería en la región del Catatumbo.

– A las autoridades civiles de carácter nacional, departamental y municipal, priorizar la garantía de
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a las comunidades indígenas y
campesinas, distanciándose de cualquier tipo de corrupción que comprometa el mejoramiento
de la calidad de vida de dichas comunidades.

Tibú, febrero 6 de 2019

COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO

CISCA